El Gobierno de China permitió la castración de 9.559 personas de la localidad de Puning (provincia de Guangdong, sureste de China). Esta acción contra los derechos humanos se está dando desde el día 7 de abril hasta el lunes que viene. Tiene como fin conseguir los objetivos de control de la natalidad fijados en la política de planificación familiar china.
El requisito para participar en esta castración es tener al menos un hijo. Así lo ha denunciado Amnistía Internacional, que además afirma que algunas de estas personas son castradas en contra de su voluntad. El pasado 12 de abril, las autoridades chinas de la zona aseg
uraron que ya habían alcanzado el 50% de la cifra, pues el equipo médico creado a tal efecto se encuentra trabajando desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente.
Roseann Rife, directora adjunta de Amnistía Internacional en Asia y Oceanía, afirmó que "las esterilizaciones forzosas llevadas a cabo por funcionarios equivalen a la tortura, y las prisas de los procedimientos plantean dudas sobre su seguridad y posibles impactos en la salud". Esta organización denunció además que las autoridades de Puning han detenido a 1.377 familiares de las parejas seleccionadas para forzarles a que se sometan a la operación.
Así, unas 100 personas fueron retenidas el pasado 10 de abril en Puning. Entre ellos se encontraba el padre de Huang Ruifeng, de 64 años. "Hace algunos días, un oficial del pueblo me llamó y me dijo que, si no regresaba para operarme, llevarían a mi padre a otro lugar", cuenta Huang, que no quiere operarse aunque tiene ya tiene tres hijas porque le gustaría que su mujer tuviera un niño.
Estas detenciones son contrarias a la Ley de Población y Planificación Familia
r, aprobada en septiembre de 2002, que además de hacer legal la castración forzosa prohíbe las coacciones a las parejas para que se sometan a ella. Su objetivo es que en las zonas urbanas las parejas sólo puedan tener un hijo, y en el caso de que su primogénita sea una niña, pueden tener otro hijo.
El requisito para participar en esta castración es tener al menos un hijo. Así lo ha denunciado Amnistía Internacional, que además afirma que algunas de estas personas son castradas en contra de su voluntad. El pasado 12 de abril, las autoridades chinas de la zona aseg
uraron que ya habían alcanzado el 50% de la cifra, pues el equipo médico creado a tal efecto se encuentra trabajando desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente.Roseann Rife, directora adjunta de Amnistía Internacional en Asia y Oceanía, afirmó que "las esterilizaciones forzosas llevadas a cabo por funcionarios equivalen a la tortura, y las prisas de los procedimientos plantean dudas sobre su seguridad y posibles impactos en la salud". Esta organización denunció además que las autoridades de Puning han detenido a 1.377 familiares de las parejas seleccionadas para forzarles a que se sometan a la operación.
Así, unas 100 personas fueron retenidas el pasado 10 de abril en Puning. Entre ellos se encontraba el padre de Huang Ruifeng, de 64 años. "Hace algunos días, un oficial del pueblo me llamó y me dijo que, si no regresaba para operarme, llevarían a mi padre a otro lugar", cuenta Huang, que no quiere operarse aunque tiene ya tiene tres hijas porque le gustaría que su mujer tuviera un niño.
Estas detenciones son contrarias a la Ley de Población y Planificación Familia
r, aprobada en septiembre de 2002, que además de hacer legal la castración forzosa prohíbe las coacciones a las parejas para que se sometan a ella. Su objetivo es que en las zonas urbanas las parejas sólo puedan tener un hijo, y en el caso de que su primogénita sea una niña, pueden tener otro hijo.
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