El Gobierno español continúa exportando armas a países en guerra

España sigue siendo uno de los países que más armamento exporta. Durante 2009, estas prácticas aumentaron un 64,5% con respecto al primer semestre del año anterior. Por ello, las ONG Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Intermón Oxfam y Greenpeace han denunciado en un comunicado conjunto que el Gobierno español no cumple con la Ley 53/2007, que regula el comercio de armas con el extranjero.

Estas organizaciones han acusado a España de "vender en 2009 material de defensa a países donde no se respetan los derechos humanos como Colombia, Marruecos, Sri Lanka, Tailandia y Guinea".

Afirman, además, que “se han seguido produciendo exportaciones a destinos preocupantes como Marruecos, con 29,5 millones de euros; Colombia con 31 millones; Arabia Saudí, con casi 5 millones, y otros como Paquistán, Sri Lanka o Tailandia". Según los datos del Ministerio de Comercio, "España exportó material de defensa por valor de 411,1 millones de euros”.

Esta ley, aprobada en 2007 y que aún sigue sin aplicarse, establece que “no se autorizarán transferencias a lugares donde estas armas puedan ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario, donde haya riesgo de desvío a otros países”. Pero los países receptores se encuentran en guerra o en plena carrera armamentística.

Además, estas cuatro ONG pidieron al Gobierno de Zapatero "que explique si ha autorizado o va a autorizar la venta de tecnología e ingeniería de aviones no tripulados a la compañía israelí Goldtech Technologies, por parte de la empresa española Aries, Ingeniería y Sistemas", con la que el Ejecutivo "firmó un acuerdo en 2009".

Amnistía Internacional denuncia agresiones contra aquellos que cruzan México para emigrar a E.E.U.U.

La ONG Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que se afirma que México ejerce la violencia contra aquellos centroamericanos que cruzan su territorio para intentar llegar a Estados Unidos en busca de una mejora de vida.

Según este documento, a lo largo del Estado mexicano hay varias bandas de delincuentes esperan a que pasen los migrantes. Cuando éstos llegan a su zona, les atacan con violencia. Se han recibido denuncias de secuestros, violaciones y asesinatos. El informe destaca la cifra de que seis de cada diez mujeres y niñas sufren violencia sexual, "lo que hace que algunos traficantes de personas exijan a las mujeres administrarse una inyección anticonceptiva antes del viaje para evitar que se queden embarazadas tras una violación." Mientras, los funcionarios públicos mexicanos "ignoran los hechos o incluso participan en ellos".

Estos hechos no son desconocidos por la comunidad internacional. Así, es sabido que los ataques a los trenes de mercancías que provienen del sur del país por parte de estas bandas son muy usuales. El tren más importante que recorre el país de sur a norte es conocido como “La Bestia”, que parte de Oaxaca. En él, los migrantes van subidos tanto a los laterales como al techo del vehículo. Antes de llegar a su destino, Estados Unidos, son sometidos a todo tipo de vejaciones.

Uno de los casos más sonados ocurrió el pasado 23 de enero. Varios policías pararon el tren que atraviesa el Estado de Chiapas en el que viajaban cerca de 100 personas. Según las declaraciones de una persona que estuvo en el lugar, "Verónica (nombre ficticio) afirmó que la Policía Federal la obligó a bajar del tren junto a los demás migrantes y tumbarse boca abajo en el suelo, y luego les robaron sus pertenencias y los amenazaron con matarlos si no continuaban su viaje a pie a lo largo de las vías. Después de caminar durante horas, el grupo fue atacado por hombres armados que violaron a Verónica y mataron al menos a uno de los migrantes. Días más tarde se detuvo a dos sospechosos después de que un activista local ayudase a los migrantes a presentar una denuncia, pero no se emprendió acción alguna contra la Policía Federal, a pesar de que los migrantes identificaron a dos agentes presuntamente implicados".

Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, llevan pidiendo desde hace varios años el cese de estas prácticas y la acción directa de las autoridades mexicanas.

Alfonso López Borgoñoz, nuevo presidente de la Sección Española de Amnistía Internacional

Alfonso López Borgoñoz ha sido nombrado nuevo presidente de Amnistía Internacional España en el transcurso de la Asamblea General Federal celebrada los días 24 y 25 de abril.

Este activista lleva más de 16 años colaborando con la organización. Durante este tiempo, ha llegado a ser presidente del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional Catalunya. Durante el último año, desarrollaba sus funciones como vicepresidente del Comité Ejecutivo Federal de la Sección Española . Desde este puesto, ha colaborado en la lucha contra los recortes de libertades, la impunidad, la tortura y los malos tratos.

Este arqueólogo e historiador de la ciencia sustituye en la presidencia de la organización a Itziar Ruiz-Giménez , que ocupaba el cargo desde el 2008.

Continúan las agresiones sexuales en Haití tras el terremoto

Miles de mujeres haitianas que han de refugiarse en campamentos provisionales tras el seísmo se ven expuestas cada día al peligro de ser víctimas de violaciones.
Según ha denunciado públicamente Amnistía Internacional tras visitar ocho lugares de este tipo, las autoridades no les están dando una protección adecuada.

La organización ha explicado que en los espacios habilitados para los afectados por el terremoto se vive en unas condiciones de inseguridad, hacinamiento y ausencia de servicios higiénicos que hace especialmente vulnerables a las mujeres.
Los refugiados han de dormir en un metro cuadrado o menos, muchos niños y niñas duermen solos por la noche porque sus padres trabajan fuera y las chicas han de asearse y cambiarse cerca de otros residentes y transeúntes.

La mayoría de mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional eran menores. Entre ellas, destaca el caso de una joven de quince años que fue violada al salir del campamento en busca de un lugar donde poder orinar, ya que allí no hay letrinas. La falta de capacidad del sistema policial y judicial en este período de adaptación hace que sea especialmente complicado que los agresores sean castigados por estos delitos.

Según la información recogida por los trabajadores sociales que están colaborando con las niñas y mujeres haitianas, hay mucho miedo entre ellas a represalias por parte de los violadores. Una de ellas lanzó este mensaje a los investigadores de la O.N.G: “Tienen que proteger a las niñas, porque no quiero que nadie sufra lo que yo he pasado”.

Los delegados de la organización se reunieron durante su estancia con responsables del Gobierno de Haití y contactaron con el jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, con agencias de la ONU que están trabajando en la zona, con organizaciones defensoras de los derechos humanos y con los embajadores de Brasil, Canadá y Francia.